jueves, 14 de febrero de 2013

Los Cuentos de los directivos están de moda


Una de las tendencias en boga dentro de los gurús del management es la de transmitir los roles directivos a través de fábulas o cuentos. De ahí, que el "storytelling" del Ministerio de Economía y Competitividad sea la “búsqueda de la piedra filosofal” que haga generar más competencia y mejorar la competitividad de nuestra economía.

En efecto, nuestro Harry Potter ministerial parece tener gravadas como marcas de nacimiento la señal de la competencia, la insignia de la desregulación, y en definitiva, la defensa a ultranza de las bondades que nos brinda la globalización económica. Valores ínsitos en el acervo comunitario que, como avanzaba en post anteriores, se han adherido a nuestro ordenamiento político como una segunda piel.

En la misión de este blog se indicaba como uno de los objetivos principales servir de muestra de la  influencia que el proyecto de integración europeo ha supuesto para nuestros sistemas políticos, en su vertiente jurídica y económica. Toca ahora examinar el reverso de la moneda, es decir, la medidas made in spain que están contribuyendo al proyecto de gobernanza económica global Europea, en la medida que un mejor funcionamiento del mercado español se supone tendrá un efecto positivo en el mercado interior europeo.

En esta ocasión me voy a detener en dos proyectos de ley cuyas pinceladas he ido avanzando a través de las redes sociales. Me refiero, al “Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado” y al “Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales”. Dos ambiciosos borradores que suponen el espaldarazo definitivo al modelo Bolkestein impreso en  la Directiva 2006/123, CE de 12 de diciembre, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico español por medio de la Ley Paraguas  y  la Ley Ómnibus, también conocida como ley escoba. Un modelo que persigue equilibrar los intereses del mercado y los intereses públicos a través del principio de la proporcionalidad.

Con estas reformas regulatorias se pretende la consecución de un auténtico mercado único español, sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales, y la supresión de los obstáculos injustificados y desproporcionados todavía existentes en algunas profesiones “altamente reguladas”.

Una lectura rápida del Anteproyecto de ley de Garantia de Unidad de Mercado, permite extraer el diagnóstico que ha servido de base para su redacción. En efecto, un entorno económico y regulatorio favorable a la competencia precisa:

  • Atajar la sobreabundancia normativa, destacada como uno de los problemas de la competitividad española.

  • Minimizar las distorsiones que la organización administrativa territorial produce en el funcionamiento eficaz de los mercados, a través de los principios y técnicas de cooperación inter-administrativa, órganica y funcional.

  • Abrir canales de comunicación directa con el Sector privado, a fin de que las Administraciones puedan conocer de primera mano los obstáculos que fragmentan el mercado nacional, y se puedan solucionar ágilmente los problemas trasladados.

  • Por último, mantener la regulación bajo un proceso de revisión constante, basado en los principios de buena regulación y de unidad del mercado nacional.

Con la mirada puesta en el escenario descrito, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, y se potencia el uso de las conferencias sectoriales, a través de las cuales se canalizará la actividad de modificación normativa que sea necesaria para satisfacer los principios emblemáticos de la ley.

En efecto, esta ley sirve como plataforma de profundización de los principios ya ensayados en la Ley Ómnibus, que ahora se acogen con un enfoque global. El principio de la cooperación y confianza mutua, el de la no discriminación, la necesidad y la proporcionalidad, y en suma, el principio de eficacia de la actividad en todo el territorio nacional, constituyen los ejes centrales de la ley.

Por último, se crea una red de puntos de contacto para la Unidad del Mercado y la Solución de diferencias, con una finalidad tuitiva configurada como alternativa al tradicional sistema de recursos.

Por su parte, el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales se basa en tres pilares fundamentales:
Ø      El Impulso de los principios de buena regulación, y entre ellos, el de la libertad de acceso y de ejercicio y habilitación única, que afronta directamente el problema de las “reservas de actividad” y el de la eficacia de la  habilitación para todo el territorio nacional. Si bien, y como excepción, se reconoce de antemano una lista positiva de “reservas de actividad”, y en los casos que una ley lo establezca, servicios de colegiación obligatoria que será para todo el territorio nacional.

Ø      La orientación hacia un nuevo modelo de Colegiación más moderno, dirigido a la  obtención de servicios de calidad para los profesionales, en el que se prime la “acreditación de competencias”.

Ø      Y la protección  de los usuarios y consumidores por medio de instrumentos más efectivos que la pura “reserva de actividad”.

      
 Asistimos en definitiva a un proceso de transformación de las tipologías de profesiones existentes en nuestro país, distinguiéndose en función del modelo de acceso a las mismas, las profesiones no reguladas, reguladas, tituladas y, finalmente colegiadas.

El gran reto que resta por realizar es la modificación de algunas leyes que afectan a profesiones técnicas (ingenieros, arquitectos, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos), Abogados y Procuradores y, por último, farmacéuticos, consideradas como profesiones altamente reguladas, según la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, con el objetivo de adaptarlas a los principios que promueve esta ley.


Viejos objetivos con apariencia novedosa están detrás de estas reformas regulatorias, en cuyo análisis he pretendido calibrar su valor más allá del mero cumplimiento del Derecho europeo, reparando en su papel de recetario anticrisis disfrazado de política de liberalización, de desregulación y de desburocratización. Ahí es nada¡¡¡¡¡